El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en representación de la sociedad civil, exonera a los funcionarios públicos de ser castigados con cárcel, aun si cometen faltas graves de corrupción con los recursos del Estado.
Dos semanas antes de la presentación del documento, varios de estos grupos civiles –entre los que destacan Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)–, de la mano con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), habían lanzado un frente común que incorpora iniciativas, como la de Humberto Fernández, Senador del Sol Azteca, que pretendía tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada y, en ese sentido, también contemplaba castigos severos.el pasado 28 de abril la propuesta “grupos civiles-PRI-Verde” borró las iniciativas que incluyen reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía Anticorrupción.
De siete leyes reglamentarias que solicitó la ciudadanía la propuesta del PRI-Verde-ONGs sólo incluyó cinco. Y se limitó a las sanciones por actos corruptos expuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que no castiga con sanciones de cárcel delitos graves de corrupción.
En el capítulo cinco de las sanciones se dicta lo siguiente:
“Las faltas administrativas graves de los servidores públicos se sancionarán con suspensión de empleo, cargo o comisión; Sanción económica; Inhabilitación temporal para desempeñar empleos; cargos o comisiones en servicios públicos”
Grupos de oposición han criticado el poco carácter punitivo de esa propuesta. Su contenido se basa en un argumento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, que establece: “Responsabilidades de los servidores públicos: El sistema de imposición de sanciones administrativas que regula la Ley Federal relativa, no debe analizar a la luz de los principios rectores de las sanciones penales, dada su diversa naturaleza”.
“Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía”, demandaron las Organizaciones No Gubernamentales
La corrupción le costó a México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). Además, datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) refirieron que la Nación perdió en el 2014 unos mil 100 millones de dólares por esa actividad criminal.
Por su parte, la organización Transparencia Internacional elabora cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mismo que posicionó a México en el puesto 95 de los 168 países que observa.
El miércoles pasado, las tres bancadas mayoritarias del Senado acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones del próximo 13 al 17 de junio, pasadas las elecciones del domingo 5 de junio.
De esta forma, el SNA no cumplirá con ser aprobado dentro del plazo constitucional que vence el 28 de mayo, tal como lo estableció la promulgación de esta reforma a la Constitución. A la fecha no existen siquiera dictámenes de las comisiones encargadas: Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos.
Representantes de diversos partidos de oposición en las cámaras Alta y Baja lamentaron que se no se haya aprobado el SNA en el plazo constitucional.
Manuel Barquín Álvarez, abogado constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ratificó que en estos casos nada se puede hacer. El incumplimiento con los plazos fijados ha sido una constante en el Poder Legislativo.
“Si fuera un solo legislador se podría hacer un Juicio Político, pero al ser consensos entre los partidos no se les puede castigar a todos por igual. En otros países sí que existen estas sanciones, pero este no es el caso”, explicó.
Hasta ahora el PRD y el PAN han hecho un listado de 30 observaciones temáticas con las que no están de acuerdo, respecto a las iniciativas presentadas por el PRI y el PVEM. El Senador Pablo Escudero se tomó una semana para responder en no más de cinco de ellas, por lo que el proceso de dictaminación en comisiones sigue sin consensos, en un contexto en el que los partidos se juegan en las elecciones del próximo 5 de junio 12 gubernaturas en el país.
“Desgraciadamente no hay una penalización, una sanción, algo que nos obligue a cumplir. Es muy lamentable que por cuestiones político electorales, una norma que debió estar antes de que concluyera mayo se tuviera que ir para después”, dijo el Senador Jiménez, quien acusó al PRI y al PVEM de maniobrar políticamente para “descafeinar” el SNA.
Con información de Sin Embargo.
