La Cámara de Diputados aseguró la vida de sus 500 legisladores por los próximos tres años, y en caso de que fallezca alguno de ellos —por muerte básica y/o accidental—, su familia recibirá la suma asegurada de más de cinco millones 159 mil pesos.
El documento establece que habrá “doble indemnización por muerte accidental”, es decir, más de 10 millones de pesos cuando haya de por medio un accidente de avión, siempre y cuando el asegurado viaje en calidad de pasajero y en vuelos que cuenten con certificado de aeronavegabilidad vigente y su tripulación cuente con licencia vigente para operar ese tipo de aeronaves. Y el asalto se “deberá considerar para esta póliza como accidente”.
Pero según las bases de la licitación, también la muerte accidental colectiva plantea un pago triple de indemnización —15 millones— por muerte accidental colectiva cuando el asegurado viaje como pasajero en cualquier vehículo público que no sea aéreo o marítimo, operado sobre una ruta establecida normalmente para el servicio de pasajeros con boleto pagado y esté sujeto a itinerarios regulares.
También se les pagará triple cuando viajen como pasajeros en ascensores del servicio público o se encuentre en cualquier cine, restaurante, hotel u otro edificio de acceso público que sufriere un incendio, derrumbe o temblor.
Quedan excluidas de las coberturas adicionales de doble y triple indemnización, accidentes, lesiones o enfermedades que se hubiese provocado el asegurado, incluyendo el suicidio.
De acuerdo con el fallo de la licitación pública que emitió la Cámara de Diputados, el beneficiario de este contrato fue Seguros Banorte, S.A de C.V., de Grupo Financiero Banorte, y asciende a un contrato de más de 71 millones 377 mil pesos que fue firmado apenas el pasado 31 de diciembre de 2015.
El documento especifica que el primer contrato será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y fue por un monto de más de 22 millones 716 mil pesos; el segundo contrato considera el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y tuvo un costo de más de 23 millones 753 mil pesos y el último contrato va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y costará al erario más de 24 millones 906 mil pesos.
Con estos contratos se asegura la vida de los 500 legisladores que integran actualmente la Cámara Baja, pero también la integridad de quienes conformarán la 64 Legislatura y que serán electos hasta junio de 2018.
Esto se da porque los contratos se firman anualmente y los actuales legisladores terminan sus funciones el 31 de agosto de 2018, e inmediatamente después ya son amparados los nuevos diputados que los sustituyen a partir del 1 de septiembre de ese año.
Con información de La Vanguardia.
