El español jurídico, pese a lo complicado que resulta para el ciudadano no versado en leyes, es el lenguaje técnico que más influencia tiene en el idioma común. En el Diccionario de la Real Academia Española, casi una décima parte de las entradas y acepciones llevan la marca Der., de Derecho. Sin embargo, la corporación mantenía desde su fundación en 1713 una deuda con el lenguaje legal. El miércoles, ese compromiso de tres siglos quedó saldado con la presentación del Diccionario del Español Jurídico (DEJ), en el que se emplean criterios lexicógráficos a más de 30.000 términos de todas las ramas de esta ciencia, a la vez técnica y humanística.
En la obra, dirigida por el secretario de la RAE y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado, han participado 150 juristas punteros, procedentes tanto de la universidad como de la judicatura —entre los colaboradores abundan los letrados del Tribunal Supremo—. En tiempo récord, desde noviembre de 2014, cuando la RAE firmó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para mejorar la calidad literaria y expositiva de autos y sentencias, han puesto en pie un monumental compendio léxico.
Pese a la frialdad y neutralidad que se supone a un diccionario, y más si es de Derecho, el DEJ, conserva la emoción de una enorme obra colectiva.
“Algunos académicos que no son del oficio me dicen que lo están leyendo hoja a hoja y están encontrando en él una gran cantidad de inspiraciones. Algunos hasta me han dicho que se están divirtiendo muchísimo con su lectura”, se sorprende solo a medias Muñoz Machado.
La obra no está concebida para un lector concreto, sino como una herramienta para reforzar el estado de Derecho por la vía de contribuir a la claridad de las normas y las resoluciones. “Hemos pensado en los ciudadanos en general, que el lenguaje jurídico sea claro o no depende el Estado de Derecho”, afirma el director del Diccionario del Español Jurídico. Aunque Muñoz Machado es consciente de que no habrá un ejemplar de su obra en cada hogar, sí considera que “todos los juristas, y también los periodistas”, deberían disponer de este.
Con información de El País.