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Continua demanda a juicio político en contra de Sergio Torres por violaciones a la ley

Las violaciones a la ley cometidas por el alcalde Sergio Torres, han traído consigo una serie de manifestaciones y adjetivos de autoritarismo durante su mandato, esto debido a la omisión de la consulta ciudadana para la remodelación de la calle Álvaro Obregón y el respeto a los protocolos establecidos en la Ley Del Desarrollo Urbano, la Ley De Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y Plan de Desarrollo Urbano. Aunado a esto se encuentra una serie de violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Sinaloa, y el acoso a miembros de diferentes movimientos ciudadanos que expresan su descontento por las decisiones tomadas sin su consulta.

Héctor R. González , miembro del colectivo MIUAS y Culiacán sin chanchuy. Fotografía: Gabriela Sánchez.

“Para poder haber hecho lo que hizo, Sergio Torres, debió haber modificado el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y eso lo hacen mediante un procedimiento que dicta la Ley del Desarrollo Urbano de Sinaloa,  a partir del artículo 68 en donde tiene que consultar con la ciudadanía y presentar estudios, él no hizo nada de eso” argumentó Héctor R. González, miembro del colectivo Culiacán sin chanchuy.

El colectivo afirmó que se están haciendo investigaciones serias para descubrir los motivos por los cuales el alcalde no respetó los protocolos y leyes que eran de crucial importancia para llevar a cabo las remodelaciones y cambios a los planos urbanos.

Héctor R. uno de los dirigentes del movimiento Culiacán sin chanchuy. Fotografía: Gabriela Sánchez

“Hasta el momento ha habido todo tipo de conjeturas, podríamos suponer que es para sostener el proyecto  del PRI , más ya sabemos que la campaña ha estado siendo castigada por las mismas fuerzas internas del PRI que no quieren que gane Quirino” agregó Héctor González.

Cabe destacar que debido a las acciones del alcalde miembros de diferentes colectivos: El colectivo de la zona norte, Tierra blanca, Gabriel Leyva, de la colonia Chapultepec, MIUAS, Culiacán sin chanchuy, Ciudad y naturaleza en armonía entre otros,  interpusieron una demanda a “Juicio Político” en contra de Sergio Torres, en motivo de su actuar autoritario, la insatisfacción de la ciudadanía y los beneficios no cumplidos durante su mandato.

La respuesta por parte del congreso y las instituciones gubernamentales a las que han acudido han sido políticamente  correctas a pesar de que todavía no haya una respuesta concreta, no obstante, ha habido un caso de amedrentamiento que pone en tela de juicio la recepción de las demandas establecidas por los grupos impulsores del juicio político.

El participante del colectivo del MIUAS y Sin chanchuy, Héctor R. Gonzáles, comenta  que hubo un allanamiento de morada en casa de sus padres que fue coincidente a la creación del “Sergín”, anteriormente patrullas estatales se encontraban frente a la casa del activista y tuvieron una duración de cuarenta minutos.  Además de este evento hubo intentos de denostar a participantes del colectivo de manera pública, como ocurrió con el maestro Melchor Peiro.

“Hay que entender que Sergio Torres ha estado diciendo muchas mentiras, en la corte, en todos lados, no le importa, es un personaje muy cómico” Comentó el activista.

Aclaran que ninguno de los colectivos está en contra del alcalde como persona, sino en contra de sus acciones como alcalde, y que lo único que están haciendo es defender sus derechos y a la gente de Culiacán. Aseveran que ante sus peticiones en el IMPLAN y de parte del gobernador sólo han recibido largas y respuestas poco satisfactorias, pretensiones de que les reciben  y que están dispuestos a escucharles, desde diciembre cuando iniciaron las protestas por la ciclovía.

Miembros de diferentes grupos, reunidos para la petición de juicio político.Fotografía extraída de Culiacán sin chanchuy

Según informes de la página “Culiacán sin chanchuy”  la petición a juicio político, en un escenario ideal, pretende la destitución del cargo de Sergio Torres o que sea castigado de 1 a 20 años de las funciones de poder público.

“Hay que recordar que el PRI no quiere que se centren precedentes para castigar a funcionarios corruptos,  el punto ahora es que el juicio político está en la Comisión  de  puntos constitucionales, y ahí hay chanchuy, es decir, no hay plazos de entrega, lo que es totalmente a propósito”  manifestó el miembro del colectivo.  Afirmó que se tomarán medidas este martes para protestar y poner presión al juicio político en contra del alcalde.

Oficio que documenta el recibimiento y progreso del caso en la comisión de puntos constitucionales.

Oficio que documenta el recibimiento y progreso del caso en la comisión de puntos constitucionales.