“En los pasados tres lustros el país ha estado expuesto al escrutinio internacional en el renglón, pero no podemos esperar que de esto emanen respuestas, porque para ello es preciso cumplir las recomendaciones. Si no lo hacemos, el escenario se agravará. Uno de los desafíos es instrumentar una política pública federal, estatal y municipal”
aseveró el jurista titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal durante el año 2015, Álvarez Icaza.
En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 estados miembros, detalló al dictar una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De esas denuncias, 849 fueron contra el gobierno de México, es decir, 73 por ciento del total. rganizaciones, abogados litigantes y particulares son quienes realizan las imputaciones en contra del Estado mexicano, informó, según un comunicado difundido por la UNAM.
La CIDH, en cambio, se encuentra en crisis financiera. El lunes pasado lo dio a conocer en un comunicado en el que informó además que, debido a las bajas económicas, suspenderá visitas de vigilancia a los países miembros y despedirá a 40 por ciento de su personal.
Álvarez Icaza explicó que el gran número de denuncias que reciben es el reflejo de una crisis en ascenso
y la falta de respuestas a escala interna. También puede deberse, consideró, a que quienes interponen los recursos tienen una condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos.
Hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta con consignar el hecho. Ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia, concluyó.
Con información de La Jornada.