Las empobrecidas Casas Reales para mediados del siglo XVIII sufrieron un golpe que fue devastador, una inundación ocurrida en 1752 las arruinó por completo, incluyendo la cárcel. El Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Monterrey, recordaba en 1784 aquella desventura. El año de 1752 del presente siglo con las irrupciones de las copiosísimas aguas que casi la inundaron, padeció en sus edificios tanta ruina que para reestablecerse en parte, quedaron sus facultades y las de todos sus habitantes tan demeritadas, que aún subsisten sin vigor expedito, para contribuir al remedio. En noviembre de ese año, tomaba posesión como gobernador del Nuevo Reino de León, don Pedro del Barrio Junco y Espriella, sustituyendo a don Vicente Bueno de la Borbolla.
Tocó al primero lamentar la pérdida de las Casas Reales a raíz de la inundación, motivo por el cual se vio “precisado parar y posar en las casas y morada de su propiedad, a causa de no haber Palacio Real ni Casas Reales absolutamente”,79 la casa que habitó también la había reedificado “ e hizo desde la destrucción del todo o más de esta ciudad en que peligró el referido Palacio y Casas Reales, en cuyo tiempo pudo reedificarse así uno como otro”. Acaso la disposición de la ciudad que se observa en el Plano del Presidio y ciudad de Monterrey.
Capital del Nuevo Reyno de León, de 1767, levantado por Joseph de Urrutia, sea secuela de la devastación de la inundación de 1753. Deja a la vista una ciudad notoriamente despoblada, con escasas construcciones de piedra. Es evidente la ausencia de las Casas Reales frente a la plaza mayor, apenas una construcción que se ocupó como cárcel y frontera a ella, las tiendas del Santísimo, nada más. La devastación, si bien fue general, la afectación en las Casas Reales fue total, se mantuvieron caídas por muchos años y en 1772, el gobernador Francisco de Echegaray, en su breve gobierno de apenas un año y meses, nada pudo hacer por arreglarlas, alegando la suma pobreza en la que vivía la población de Monterrey.
Sería con la llegada del gobernador don Melchor Vidal de Lorca y Villena, cuando se comenzarían las gestiones para la reconstrucción de dichos edificios públicos (Casas Reales y cárcel); solicitó al virrey de la Nueva España, don Antonio María Bucareli y Ursúa, fondos para su reparación. En respuesta, se ordenó el 26 de octubre de 1776 se reglamentase con la “mayor prudencia, suavidad y blandura”, una aportación económica “entre los individuos de esta Provincia que fuese bastante al logro de su solicitud, previniéndole llevar individual cuenta del acopio de estas cantidades, y distribución en la obra”.
Así lo procuró el gobernador Melchor Vidal de Lorca, ordenando que todos los partidos del Nuevo Reino de León ayudaran a la fábrica de las Casas Reales de la ciudad de Monterrey, agregando que ante la ausencia de dichas Casas Reales, ha tenido que alquilar una casa pagando 400 pesos anuales, “no obstante de que se advierte en la superior orden de Vuestra Excelencia: Tiene la provincia obligación de tener en esta capital alojamiento o casa necesaria y decente a la autoridad que representara”. Catorce años después (1790), Manuel Bahamonde señalaría que tales órdenes no se llevaron a cabo “en aquél tiempo” por la constante lucha que se sostenía en contra de los indios bárbaros. Se ignora si alguien respondió con buena voluntad para ayudar a la construcción de las Casas Reales, se conserva la que hizo don Joseph Gregorio Fernández de Tijerina en 1776, quien ofreció cincuenta sillares para dicha construcción.
*El presente texto se rescata del Tomo I: Monterrey Origen y Destino (2009). Donde participaron:José Antonio Olvera en la Coordinación General. Eduardo Cázares, como Coordinador Ejecutivo y Ernesto Castillo como Coordinador Editorial.
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