Economía, Derechos & Políticas Culturales ǀ Por Fernando Arturo Galaviz Yeverino ǀ 28 feb. 2022
Ha comenzado una nueva administración en la institución rectora del arte y la cultura en la tierra del cabrito, pero con más incertidumbre que esperanza.
En el Decreto número 39 donde se expide la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 , en su artículo 70 dice:
“es indispensable que los recursos se ejerzan bajo estricta política de austeridad y medidas de ahorro, racionalidad y disciplina del gasto; independientemente del entorno económico adverso y los diversos retos que atraviesan las finanzas públicas estatales […] las Dependencias o Entidades públicas podrán aplicar de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes medidas generales para generar ahorros y hacer más eficiente el gasto […] III. Reducir al mínimo las ceremonias oficiales y de orden social y cultural”.
Así que, en teoría, los eventos culturales deberán ser reducidos por cuestiones de austeridad, aún y cuando las actividades de arte y cultura estuvieron congeladas durante dos años porque el gobierno las consideró “actividad no esencial”, dejando a la deriva los ingresos de los trabajadores de ese sector, menos los altos funcionarios de la cultura, estos siguieron recibiendo puntualmente sus sueldos, a pesar de que los museos y centros culturales permanecían cerrados.
La danza de los presupuestos se encuentra en los Anexos de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 , en las páginas 25, 32, 34, 105, 109, 125, 267, 268, 297, 337, 351, 497 y 498.
Inspeccionando el rubro de “Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros”, encontramos las siguientes asignaciones de recursos para el sector cultural regiomontano:
Llama la atención una partida para “Inventario de bienes culturales y patrimonio histórico”. Cabe indicar que el 30 de abril de 2021 se publicó en los medios la aprobación por mayoría en el H. Congreso del Estado de Nuevo León la polémica Ley del Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural Municipal, la cual otorga a los municipios del Estado de Nuevo León la facultad de elaborar un catálogo de bienes de patrimonio histórico, además de decidir cuáles inmuebles considera que son históricos, y cuáles no, abriendo la puerta a la demolición de bienes con valor histórico y cultural para dar paso a desarrollos inmobiliarios en zonas de conservación, facultad que realizarían en lugar del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Sin embargo, el 3 de junio de 2021 se anunció “la notificación de veto” a través de un oficio girado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
Ante lo anterior, se abre la incertidumbre si este monto asignado para el presente año para un inventario de bienes culturales y patrimonio histórico va a correr a cargo de CONARTE o de la recién creada Secretaría de Cultura, esta última con cuestionamientos de la comunidad artística referentes a una duplicidad de funciones.
En la página 268 del citado documento relativo a los Anexos de la Ley de Egresos se le asigna un recurso presupuestal a la Oficina de la C. Secretaría de Cultura, y también desglosa una serie de gastos dentro del rubro de “Gastos Personales” a cargo de la citada Secretaría:
Sin embargo, en el documento no se especifica si estos montos se incluyen dentro del presupuesto de los 70 millones de pesos asignados a la Secretaría, o son aparte.
Esta repartición del pastel presupuestal es un duro golpe a la boca del estómago de los artistas y promotores culturales que vieron paralizadas sus labores por motivo de la pandemia, muchos despedidos por los recortes y cierres de negocios, ya de por sí la actividad artística antes de confinamiento ya era una actividad precaria.
Estas prestaciones de los funcionarios de la cultura contrastan con la situación de precariedad de los creadores del sector, quienes en su mayoría no tienen sueldos fijos, aguinaldos, mucho menos aportaciones para el retiro, vivienda, pensión y seguros.
A lo anterior, se le agrega la desestimación del Congreso Estatal a una solicitud para etiquetar para el presupuesto de 2022 un fondo de emergencia cultural por cincuenta millones de pesos, una solicitud con número de expediente 13963/LXXV, que se venía gestionando desde el 14 de diciembre de 2020 por el promotor cultural Joel Morales Hernández y que fue retomada por su servidor el 11 de noviembre de 2021; una ayuda que el Congreso Estatal había acordado sólo como buena intención, pero sin ser vinculante el 26 de marzo de 2021, ayuda que la misma UNESCO recomienda a sus Estados miembros y que varios estados y países han realizado.
Este desolador panorama tendrá un efecto devastador en las expresiones artísticas y culturales del Estado.
Muchos se dieron de baja en el SAT, muchos promotores culturales regiomontanos migrarán a otros países, muchos otros abandonaron el sector, artistas que laboraron en la Esfera Cultural Galeana tienen pendientes sus pagos por parte de CONARTE desde 2020.
Otra parte importante de artistas engrosarán las estadísticas del desempleo, ante la miopía y falta de voluntad política del Gobierno Estatal para apoyar este importante sector.
Sin promotores culturales no hay cultura. Sin artistas no hay arte.
Los únicos que se salvaron del helado naufragio fueron los burócratas, varios de los cuales pasaron de CONARTE a la flamante y recién creada Secretaría de Cultura.
