El largometraje “Beirut Hotel” ha sido prohibido por la censura libanesa, ya que constituye una “fuente de problemas” que debe ser evitado mientras no termine la investigación sobre el asesinato de Hariri.
La censura libanesa ha prohibido la proyección de la película “Beirut Hotel” de Danielle Arbid al considerar que constituye “una fuente de problemas” al tratar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, informó hoy el diario L’Orient-Le Jour.
Una fuente de la Seguridad Nacional, citada por el periódico, explicó que “esa clase de problema debe ser evitado mientras no se termine la investigación sobre el asesinato de Hariri”, que falleció el 14 de febrero de 2005 en Beirut en un atentado con camión bomba.
“Beirut Hotel”, que estaba previsto se estrenara el próximo 19 de enero, narra la historia de un libanés chií que afirma poseer un USB con informaciones de suma importancia sobre el magnicidio, en el que murieron, además de Hariri, 22 personas.
El protagonista del filme propone a los servicios secretos franceses darles esa información a cambio de asilo político, pero estos no dan importancia a su requerimiento, por lo que el hombre acude a las Policía libanesa, que también desestima los datos.
Según la fuente de la Seguridad Nacional citada por L’Orient-Le Jour, de la intriga de la película de Danielle Arbid se deduce que miembros de la Inteligencia de la Policía dan la orden de matar al protagonista.
El caso de Hariri conmocionó al país y sigue creando polémica ya que el tribunal internacional encargado de juzgar a los culpables ha acusado a cuatro miembros del grupo chií Hizbulá, que forma parte del actual gobierno y rechaza entregarlos.
No es la primera vez este año que la Seguridad Nacional censura la proyección de algunas películas. El pasado junio, dos cintas iraníes sobre la violencia que precedió a las elecciones presidenciales de 2009 en Irán fueron prohibidas a instigación de las autoridades de ese país.
La censura en el Líbano está a cargo de la Seguridad Nacional, pero las autoridades religiosas y administrativas pueden ejercer presiones para imponer sus puntos de vista al considerar que hay razones morales o políticas para ello.